Mi entrevista para el Diario de Navarra
Entrevista publicada en el Diario de Navarra
En esta entrevista para el Diario de Navarra, hablé de los profundos cambios que se avecinan en materia de sostenibilidad como consecuencia del Tsunami Regulatorio que nos viene desde la Unión Europea
En 2024 entrará en vigor una directiva europea que “cambiará las reglas del juego” en el mundo de los negocios, según advierte Alberto Andreu Pinillos (Madrid, 1963), presidente de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (ASG). Doctor cum laude en Economía y Empresa, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE) y profesor de la facultad de económicas de la Universidad de Navarra, Andreu fue el encargado de aleccionar sobre la importancia de la sostenibilidad a los asistentes a la asamblea anual de la Asociación Navarra de la Industria (AIN).
¿Cuáles son los principales retos que plantea el salto a la sostenibilidad en los negocios?
Lo primero es entender que la sostenibilidad no se queda solo en lo medioambiental, sino que engloba la responsabilidad social, la creación de valor a largo plazo en el entorno y la asimilación de conductas de buen gobierno.
¿La pugna entre priorizar beneficios o ir más allá es antigua?
En 1953 hay una primera referencia de una académico que se llama Howard R. Bowen en la que planteaba las bases de lo que hoy entendemos como responsabilidad social empresarial. Pero en 1972 Milton Friedman, uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, sentencia que la única responsabilidad que tienen los empresarios es maximizar sus ingresos y, en consecuencia, el beneficio.
¿Todo por la pasta?
Hasta cierto punto. A este principio se añade que deben cumplirse una serie de parámetros de libre a competencia y de respeto de la ley. Frente a esto, Edward Friedman define en 1984 la teoría del stake holder (grupo de interés). Él dice que uno no puede generar solamente valor al accionistas, sino que tiene que crear valor distribuido para el resto de los stake holders, tanto a clientes, como a la sociedad y lo que pudiéramos llamar el resto de aquellos que tienen un interés en la compañía.
¿Tuvo algún efecto real en la gestión de las empresas?
Hubo que esperar a 1997. Se crea el Global Reporting Iniciative (GRI) que propugna la necesidad de encontrar indicadores no financieros que sean susceptibles de ser homogenizados igual los indicadores financieros. Y a partir de 2014 se puso en marcha una importante directiva de la Unión Europea sobre estados no financieros. Finalmente, en 2020 se produce un salto cualitativo muy grande con el Green Deal.
¿Y qué consecuencia prácticas va a tener a partir de ahora?
La nueva directiva de la Unión Europea que entrará en vigor en enero de 2024 supondrá una equiparación prácticamente absoluta entre la información financiera a la no financiera. De lo que se trata es de ponerle una serie de líneas rojas a la generación de ingresos. Está previsto que en 2026 o 2027 sea necesario realizar auditorias no financieras igual que ahora es necesario hacerlas financieras.
¿Qué ha pasado para que las empresas den ahora tanta importancia a la sostenibilidad?
Esta es una opinión personal. Las plataformas digitales han estado creciendo sistemáticamente anualmente por encima de los dos dígitos. Por tanto, la única manera que tienen las empresas de la economía real de ser atractivas para los inversores es decirles ‘yo no crezco a los dígitos cada año, pero sí que creo valor a largo plazo’. Allí donde hay compañías de economía real, crece la I+D, se crea empleo y se pagan impuestos. Frente a esto, las plataformas tecnológicas o bien pagan en Irlanda o lo hacen en paraísos fiscales.
¿El impulso legislativo europeo para forzar el cambio a la sostenibilidad es una oportunidad o una amenaza para las empresas?
Uno de cada dos euros de los actuales fondos de inversión van vinculados al respeto de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y hay que tener en cuenta que, para alcanzar los objetivos de cero emisiones para 2050, va a ser necesario invertir 9,3 billones de euros (trillions anglosajones) cada año.
¿Cómo va a afectar al día a día en la gestión de los negocios?
Uno de los cambios más relevantes será el impacto contable. Habrá que reflejar en los balances la pérdida de valor de determinados activos para dar cumplimiento con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que se sitúan en el 55% para 2030.
Hasta hace poco tiempo, la responsabilidad social de las empresas se entendía bajo la premisa de que lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha.
Al principio se hablaba mucho de acción social y esto básicamente casi todas las compañías lo han canalizado siempre a través de las fundaciones. Pero desde 2014 la Unión Europea está legislando para que las compañías tengan que maximizar los impactos positivos de su actividad en la sociedad y minimicen los negativos.
¿Cuál fue el detonante?
Dos de los principales donantes de Wall Street para causas sociales en 2008 eran Merrill Lynch y Lehman Brothers, pero dejaron un agujero patrimonial que provocó la peor crisis financiera desde 1929. Por eso se prima ahora la necesidad de gestionar de manera responsable y poner líneas rojas a la manera de generar los ingresos.
El buen gobierno y la lucha contra la corrupción es otra de las patas de la sostenibilidad.
La Universidad de Berlín hizo un estudio en el que demostró una correlación inversamente proporcional entre el nivel de corrupción de un país y la inversión en innovación. Si hay corrupción, no hay incentivo a la innovación, ya que los contratos se adjudican por los contactos, no por la competitividad.
¿Hay que poner freno a las puertas giratorias?
Me parece un despropósito que una persona que haya trabajado en política no pueda volver al sector privado. Para eso existen las incompatibilidades y se impide durante unos años la contratación de cargos políticos.
¿Será legítimo comerciar con países como China o Arabia Saudí?
A partir de 2024 se van a imponer a las empresas europeas estándares, incluso con multas que se calcularán a partir de un porcentaje de su facturación, para el cumplimiento de una serie de derechos humanos en toda su cadena de suministros.
